Editorial - Infojus 67

Mayo 27 2015
Por: Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia
El 6 de mayo pasado, la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco, sancionó la Ley nº 7573, denominada comúnmente como "de narcomenudeo", adhiriendo así a lo establecido por ley 23.737 (art. 34) en los términos, condiciones y alcances previstos por la Ley Nacional Nº 26.052 con lo que se dispone el traspaso a nuestra provincia de la competencia para la persecución, investigación y juzgamiento de los delitos de narcotráfico de estupefacientes y otras sustancias.
 
Con anterioridad existieron dos proyectos direccionados en el mismo sentido. Ambos recibieron serias críticas desde el Superior Tribunal de Justicia.
En el año 2010, el poder legislativo remitió en consulta el proyecto de ley 576/09 en esa oportunidad, desde este ámbito se hizo notar a los Sres. Legisladores Provinciales que la justicia penal chaqueña, no se encontraba en las condiciones laborales para adicionársele la competencia de delitos complejos, circunstancia que no se solucionaba con la creación y designación de un fiscal de investigación especial para estas materias como se proponía desde aquel proyecto.
 
También se hacía mención de las pésimas condiciones en que se encontraban las cárceles de la provincia, las que ya estaban en el máximo de su capacidad a lo que debería agregarse un gran número de imputados con prisión preventiva y condenados por delitos relacionados al consumo y transporte de estupefacientes, haciendo notar también, que en aquellas causas en que las condenas sean inferiores a cinco años, en ningún caso se podría derivar al condenado para su alojamiento en institutos de encierro federales, en razón de lo establecido en ese sentido por el Código Penal de la Nación en el artículo 18.
 
Al año siguiente, el Poder legislativo insistió con la iniciativa, girando en aquel entonces un segundo proyecto nº 497/11 el que mereció idénticas objeciones al anterior.
 
Entidades de abogados, magistrados y diversas ONG, también se manifestaron contrarios a la adopción de esta medida.
 
Pese a todo ello, se sancionó la ley referida, creando en este caso un "fuero especial de narcotráfico" integrado por dos fiscales y un defensor, con competencia territorial en toda la provincia, más un juez de garantías solo para la primer circunscripción judicial. Se prevé además que deberá siempre priorizarse el procedimiento de flagrancia (Capitulo IV del Código Procesal Penal), pese a que el mismo aún no pudo ser puesto en vigencia por este Superior Tribunal, habiendo transcurrido ya dos años desde la sanción de la ley 7.143,  en razón de no contar con los tres fiscales de flagrancia necesarios para su puesta en marcha y a cuya designación se habían comprometido cada uno de los restantes Poderes del Estado Provincial en la esfera de su competencia.
 
La experiencia de otras provincias que ya adhirieron a la ley nacional, también resulta a todas luces demostrativa de su inconveniencia.
 
Así, en el mes de diciembre del año 2012, Córdoba se transformó en la segunda provincia en suscribir la desfederalización del comercio de sustancias ilegales, creando para ello dos fiscalías especiales. Los primeros datos oficiales indican que a un año de su puesta en marcha, ingresaron a la provincia 1711 causas y hay 629 personas detenidas. De todas ellas, solo en cuatro (4) se celebraron juicios abreviados ante el juez de Control de la capital - como equivalente al juez de garantías que se crea en nuestra primer circunscripción-, resultando significativo para ello el hecho, no menor, de que de las 1711 causas, 896 corresponden a las circunscripciones del interior, con lo cual se evidencia que los casos de juicio abreviado mediante audiencias de flagrancia orales ante el juez de control especial creado, fueron posibles gracias a la existencia de un  juez especial mientras que el interior debe tramitar todo con los jueces de garantías ya creados y puestos en funcionamiento para los delitos comunes.
 
A ello debe agregarse que la Procuraduría Narcocriminal (PROCUNAR) remarca que existen menores probabilidades de realizar investigaciones complejas en aquellas provincias (Buenos Aires, Salta y Córdoba) en que la justicia local se hace cargo de perseguir la venta al menudeo. Ello se debe a que al no investigar la justicia federal el narcomenudeo, no accede a la información que le permita conocer la existencia del contrabando o narcotráfico de mayor porte. Esta opinión de PROCUNAR fue emitida en especial luego de analizar la evolución que la cuestión ha tenido en la provincia de Buenos Aires donde la desfederalización rige desde hace ya diez años.
 
Allí se constató que las causas por tenencia con fines de comercialización cayeron un 88 % entre 2005 y 2006; las de comercio simple un 89 % y también bajaron las de tenencia, almacenamiento simple, organización, financiamiento, tráfico y transporte agravado. Esta evolución de causas iniciadas por figuras no comprendidas en la ley 26.052,  permite demostrar que desde la perspectiva de la competencia federal, la posibilidad de acceder a la información y conocimiento de ilícitos más complejos ha disminuido considerablemente. 
 
Si bien es cierto que en la ley recientemente sancionada se deja expresamente establecido en su artículo 9º que el Consejo de Seguridad Provincial convocará a funcionarios y magistrados de ambos fueros para establecer mecanismos en conjunto tendientes a compartir la información; ello no deja de traducirse en un anhelo cuya implementación efectiva conllevará demoras, lo que resulta en detrimento de su efectividad máxime teniendo en cuenta la cantidad de causas que ingresarán hasta tanto se arbitren los mecanismos ideados.
 
La política de dar este tipo de tratamiento a los conflictos relacionados con el tráfico, el consumo y en especial el narcomenudeo es no solo extremadamente costosa, sino que además, no ha demostrado resultados alentadores en los países de América Latina que la asumieron en esos términos (Colombia, México, Brasil) especialmente porque la persecución de los hechos de menor cuantía únicamente, atenta contra la efectividad para derribar los eslabones más grandes de la cadena que compone el delito de narcotráfico. 
Sala Criminal y CorreccionalSuperior Tribunal de Justicia