Balance 2020 del Ministerio Público Fiscal

Dic 18 2020
Anual

Ante la situación de pandemia y en adhesión a la resolución Nº 210/20 del STJ, el Ministerio Público Fiscal estableció un Servicio Judicial de Urgencia. Es por ello que dictó las medidas adecuadas para garantizar la prestación del servicio y a su vez cumplir con los protocolos establecidos por los gobiernos nacional y provincial.

Se resolvió mantener el sistema de turnos de los Equipos Fiscales y Fiscalías de Investigación en toda la Provincia que estuvieron a cargo únicamente de los y las fiscales, secretarios/as, prosecretarios/as y ayudantes fiscales en forma presencial,  salvo los comprendidos dentro del grupo de riesgo, en cuyo caso prestaron funciones a distancia desde sus domicilios.

La Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos fue subrogada por los fiscales de investigación, con la colaboración del secretario de la misma, hasta el juramento del fiscal provisorio en el mes de agosto.

Además, el MPF instó a los y las fiscales que no se encontraban comprendidos en la atención del turno, a trabajar en la tramitación de procesos urgentes, elaboración de decretos, decretos fundados y todas aquellas actividades que reduzcan posibles atrasos.

El trabajo dispuso de diferentes modalidades de gestión en la Primera Circunscripción con modernas tecnologías de la información y comunicación, a través del Sistema Integrado de Gestión e Información (SIGI) con el acompañamiento de la Dirección de Tecnologías de la Información (DTI) habilitaron el trabajo remoto de fiscales y colaboradores y, en especial, para  funcionarios/as  comprendidos dentro del grupo de riesgo. También se habilitó el seguimiento de expedientes penales  para los y las profesionales desde su ordenador personal.

En el interior, prestaron funciones en forma presencial únicamente los y las fiscales de Cámara, fiscales de Investigación, secretarios/as, prosecretarios/as y ayudantes fiscales, salvo los comprendidos dentro del grupo de riesgo, aquellos funcionarios/as trabajaron desde sus domicilios y a través de medios digitales disponibles.

El Ministerio Público Fiscal implementó el Decreto Provincial 499/20 que aprueba el Protocolo de contingencia victimo-asistencial para prevenir, controlar y minimizar riesgos en casos de violencia debido al género.

Asimismo resolvieron priorizar  la toma inmediata de medidas de protección hacia las mujeres, niños, niñas y adolescentes, identidad diversa o disidente víctimas.

Los y las ayudantes Fiscales, además de las tareas propias de sus funciones prestan desde el inicio de la pandemia, colaboraron con los equipos de fiscalización dispuestos por el Poder Ejecutivo, para verificar casos que deben cumplir aislamiento obligatorio en relación con el Covid-19, en su calidad de funcionario público fedatario de los actos que se realicen en su presencia.

Hacia el final del año se implementó del Nuevo Diseño Organizacional del sistema penal (NDO) en todas las circunscripciones judiciales del Chaco con excepción del procedimiento especial de flagrancia.

El plan contempló la puesta en funcionamiento de este nuevo modo de gestionar en Charata, Villa Ángela, Sáenz Peña, General San Martín y Juan José Castelli lo cual contribuirá en un mejor nivel de eficacia y mayor aprovechamiento de los recursos humanos y tecnológicos y, por ende, en la agilización de las causas penales.

Su principal fortaleza es que se digitaliza todo el expediente, reduciendo tiempos de consulta, una mejora cualitativa en la gestión de audiencias y demás trámites, esto es posible gracias al  Sistema Integrado de Gestión e Información (SIGI). De esta forma, la información tiene mayor resguardo de seguridad y puede ser conocida por las distintas oficinas judiciales que intervienen en un mismo proceso al mismo tiempo, evitando las demoras propias que conllevaba el tradicional expediente en papel.

Para la gestión de las causas en cada una de las circunscripciones del interior, fueron creadas y unificadas en una sola dependencia judicial la MUIIT y el ATC. Esta oficina está a cargo de un secretario o secretaria y,  entre otras tareas, se ocupa de clasificar las causas que corresponden ser archivadas por las causas mencionadas en la ley procesal penal, la derivación de las restantes derivando a cada fiscalía de investigación y la elaboración de todo trámite relativo a ellas (confección de cédulas, oficios, etcétera). Así, los y las fiscales de investigación podrán destinar todos sus conocimientos y recursos humanos a la investigación de los hechos delictivos ocurridos en cada ciudad de su jurisdicción.

Previo a la puesta en marcha, se desarrolló una amplia tarea de capacitación, a cargo de la DTI, con el objetivo de que todos las y los operadores judiciales se encuentren suficientemente preparados para el cambio de manera de brindar un mejor servicio de justicia a la ciudadanía.

A partir del 1 de febrero 2020 y hasta el 23 de diciembre de 2020, se asignaron los  delitos informáticos al Equipo Fiscal Nº 13, actualmente a cargo del fiscal de investigación Lucio Gonzalo Otero (Res. Nº 224/2019).

Se dispuso que  para el 2021 a  partir de la designación de un/una fiscal de investigación suplente o titular en el Equipo Fiscal Nº 5, que se le asignará, también, la investigación penal preparatoria de delitos cometidos en contexto de violencia de género conforme las pautas de la ley Nº 26.485, incluyendo femicidios y sus tentativas, conjuntamente con los Equipos Fiscales Nº 4, 9 y 11.

A su vez, se realizaron diversos cursos de formación interna para agentes y funcionarios del Ministerio Público Fiscal. Y se efectuaron capacitaciones a través de la Universidad del Chaco Austral, que se desarrolló en forma virtual.

Asimismo, se desarrolló bajo la misma metodología el curso Acceso a la justicia para personas con discapacidad. Así como las correspondientes a la implementación del NDO en el interior y, las presenciales cumpliendo con la guía de buenas prácticas en bioseguridad.

Se suscribieron  de Convenios con el Ministerio de Seguridad y Justicia del Chaco para establecer acciones conjuntas y coordinadas, en el marco de sus respectivas competencias, diseñar y desarrollar conjuntamente actividades de interés común, como asimismo establecer mecanismos de asistencia técnica mutua en materia de planificación y gestión en relación a la implementación y/o colaboración del Juicio por Jurados, con el fin de dotar al MPF de un equipo de colaboradores con conocimientos en técnicas de litigación oral.

Igualmente, se suscribió un convenio de colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social del Chaco y el de Seguridad y Justicia con la meta de arbitrar las medidas necesarias para que dichos organismos tomen una intervención simultánea, coordinada, pronta y eficaz ante las denuncias que se realicen por medio de ese sistema del Centro de Gestión de Casa de Gobierno de la Dirección General de Innovación y Modernización Gubernamental. Las que se refieran a irregularidades que podrían constituir ilícitos de naturaleza penal, relativas al cobro y/o retenciones de dineros provenientes de programas sociales o becas y/o el desvío de partidas alimentarias destinadas a la asistencia de grupos poblacionales vulnerables, administrados y gestionados por el Ministerio de Desarrollo Social.

Finalmente la Unidad Fiscal de Resistencia detalló la totalidad de causas ingresadas durante  el año 2020 hasta el mes de noviembre  que fueron 33208; las asignadas a Análisis  Jurídico: 31107; las ingresadas a los 9 Equipos fiscales sin competencia específica: 5677; las asignadas a los Equipos de Violencia de Género 2054 y a los Equipos Fiscales de Narcomenudeo: 973.

Otro dato de la actividad fiscal está dado por la cantidad de causas con detenidos que fueron 1702 y sin detenidos 7002. Y la cantidad de requerimientos de elevación a juicio formulados por los Equipos Fiscales desde enero hasta noviembre que suman un total de 1416; las prisiones preventivas ascienden en igual período a 366 y por último las solicitudes de allanamientos que totalizan  638 pedidos.