Balance 2020 de la Defensoría General

Dic 17 2020
Anual

El Ministerio Público de la Defensa optimizó los recursos a su alcance para seguir ofreciendo un servicio de calidad en el acceso a justicia durante la emergencia sanitaria declarada con motivo del Covid-19.

De esta manera a lo largo, primero, del receso judicial y, luego, del servicio judicial de urgencia, quienes integran las defensorías y asesorías civiles y penales, asistentes sociales y miembros del Órgano de Revisión de Salud Mental siguieron trabajando en forma presencial o remota en pos de garantizar lo antes dicho. Así lo atestiguan sendos informes elaborados por el MPD cuyos fragmentos más relevantes se detallan a continuación.

En el fuero civil continuó el trabajo con las actuaciones extrajudiciales ya iniciadas y se formaron nuevas, coordinando acciones para el control y seguimiento de los casos en los que se ven implicados intereses y derechos de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y adultas mayores. Esto incluyó a distintas dependencias de Poder Ejecutivo, clínicas privadas de salud mental, residencias de adultos mayores y obras sociales.

Además, las defensoras y defensores, continuaron velando por sus asistidos en RAM y clínicas privadas monovalentes en los casos que detentan calidad de apoyo o curadores, proveyéndoles alimentos, medicamentos, cobro de pensiones, entre otras acciones.  

Al mismo tiempo mantuvieron contactos con NNA mediante videollamadas y se instaron medidas a fin de resguardar sus derechos en el marco de la emergencia, solicitando que se de cumplimiento con el corpus iuris de protección de la infancia.

Por otra parte, la Defensoría General solicitó al STJ la reactivación de las causas en que se declaró el estado de adoptabilidad para que los involucrados en ellas puedan mantener el vínculo a distancia con sus pretensos adoptantes.

También se realizaron distintas reuniones mediante videconferencia. Una de ellas, en la que participó el gobernador Jorge Capitanich, sirvió para avanzar en la confección del decreto 802/2020 que regula seis dispositivos esenciales que sobre la asistencia de salud mental durante la pademia. El proyecto presentado fue resultado de un trabajo intersectorial. A pedido del ORSM fueron programadas reuniones con ministerios del Ejecutivo, PAMI, INSSSEP, Incluir Salud y representantes de clínicas privadas monovalentes de salud mental, para verificar las actuaciones respecto a las personas con padecimientos mentales, en relación a los tests e hisopados para detectar el coronavirus.

Quienes utilizan el servicio de la defensa pública fueron atendidos a través de teléfonos oficiales y privados de los funcionarios y funcionarias intervinientes.

Las defensorías oficial oficiales penales vienen trabajando sostenidamente, desde el inicio de la cuarentena social obligatoria procurando, a través de todas las vías legales, para salvaguardar la salud y la vida de sus asistidos, mediante acciones conducentes y las presentaciones necesarias a tal fin, siguiendo las causas y en contacto telefónico permanente con sus defendidos o sus familiares.

El informe señala que: “no debe pasarse por alto que la pandemia contribuye a hacer aún más grave la crisis previa de superpoblación y hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y comisarías de la provincia”. Motivo por el cual pone en valor la sentencia 52/2020 del Superior Tribunal de Justicia, dado que “refuerza las propuestas consensuadas por representantes de los tres poderes, y que se consideraban necesarias para revertir la emergencia carcelaria”.

A lo largo de estos meses las defensoras y defensores públicos penales presentaron diversas solicitudes referidas a cese de prisión preventiva, prisión domiciliaria, libertad condicional y libertad asistidas. 

Un dato relevante es que en su gran mayoría los pedidos corresponden a prisiones domiciliaras y en menor medida a los denominados ceses de prisión. Por otra parte, están condenadas más de dos terceras partes de las personas por las que se realizaron presentaciones en el marco de la emergencia sanitaria, mientras que el resto se encuentran procesadas.

Por último, el informe remarca: “Tal como fuera reconocido por la sentencia 52/20, resulta necesario el resguardo de los sectores más vulnerados y sobre los cuales pesa un especial deber de garantía ante la excepcionalidad de la crisis sanitaria”. Así, la intervención del STJ en la definición de parámetros de actuación “que guíen la intervención de jueces y fiscales resulta en todo acorde con las recomendaciones de la OMS, de los organismos internacionales de derechos humanos, Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, entre otros, como así también con las acciones sugeridas para la prevención y seguridad sanitaria por parte de las autoridades provinciales y nacionales, particularmente en lo que respecta a los contextos de encierro”.

Por otro lado, la Defensoría General, dictó la resolución Nº 98/20 el 18 de noviembre por la que creó el Registro de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa  del Chaco. De esta manera sigue los lineamientos dados por  los Principios y Directrices sobre la Defensa Pública en las Américas (AIDEF) -particularmente el Nº 9- y la Resolución General de la Organización de los Estados Americanos (del 16/04/16) sobre "Protección y Promoción de los Derechos Humanos".

Tal como informaron, tendrá por objeto tomar razón de los casos de violencia institucional que, en ejercicio de sus funciones, hayan tomado conocimiento y reporten las/los defensoras/es y asesor/as de niños, niñas y adolescentes, con competencia penal de todas las circunscripciones judiciales, a partir del 1 de diciembre.

Para llevar a cabo esa tarea, diseñaron una planilla con datos relevantes sobre el caso en particular, que las/los funcionarias/os deberán completar y enviar en forma mensual a la Defensoría General.

Por otro lado, al finalizar el año presentaron la Guía Básica para el acceso a justicia y a la justicia de las personas pertenencientes a pueblos indígenas de la provincia del Chaco, elaborada por la Defensoría General y el Grupo de Investigación y Desarrollo (GID)  de la Cátedra B de Filosofía del Derecho de la UNNe, bajo la dirección del profesor Sergio López Pereyra.