Positivo balance de la Coordinación de Pueblos Indígenas del Poder Judicial

Ago 18 2020
Acompañaron múltiples gestiones

En una entrevista realizada a Elizabet González, Coordinadora de pueblos Indígenas del Poder Judicial  del Chaco, compartió su experiencia a lo largo de los últimos meses en la gestión de Acceso a la Justicia. Las tareas del área abarcan desde la participación de peritos intérpretes en causas judiciales hasta asesoría en diversos conflictos y en la realización de trámites impedidos por la falta de acceso a nuevas tecnologías; así como su activa presencia en actividades de capacitación judicial. Logrando así la concreción de intervención real de pueblos indígenas.

El Poder Judicial del Chaco cuenta actualmente con un equipo de intérpretes judiciales  (110 inscriptos en toda la provincia) permanentes que han sido reconocidos en distintos ámbitos como una buena práctica para el acceso a la justicia de pueblos indígenas, promoviendo el diálogo intercultural para la realización de derechos.

Además, las actividades de interpretación son coordinadas por el personal perteneciente al Poder Judicial (16 en total) quienes participan en los fueros de paz y faltas, civiles, de niñez, adolescencia y familia, y penal especialmente. A lo largo de la provincia la tarea incluye también el diálogo para acercar a personas indígenas a funcionarios y funcionarias, y magistrados y magistradas, lo que sirve muchas veces como puente para el diálogo constructivo, y poder abordar las dificultades de comunicación o de entendimiento entre las distintas dependencias.

En este sentido, es una tarea importante la que se realiza también de asistencia a la Defensoría General y a la Procuración General, acompañando de modo permanente.

Además proveen información adecuada a los tres pueblos indígenas de la provincia, contando con personal contratado, Moqoit, Wichí y Qom, con una fuerte presencia en los municipios que tienen mayor población de las naciones indígenas.

En estos tiempos de aislamiento social las demandas atendidas por la Coordinación alcanzan también la asistencia remota y asesoría, a cargo de Daniel Escalante,  a personas que necesitan del acompañamiento como denunciantes o demandados y demandadas. También tomaron contacto con casos de homicidios, violencia en contexto  de género, violencia institucional y abuso sexual, en distintas localidades como Misión Nueva Pompeya, Juan José Castelli, Villa Río Bermejito, Pampa del Indio, entre otros.

En lo referido a fuero de niñez, adolescencia y familia, asisten especialmente a niños y niñas, hombres y mujeres indígenas facilitando el acceso a denuncias en la Mesa de Atención a la Víctima y Asesoramiento al Ciudadano, así como en las etapas de investigación de delitos muy graves como abusos sexuales participando en testimoniales o en Cámara Gesell.

Muchas veces el trabajo en terreno fue más allá por ello facilitaron certificación de documentos a presentar en distintos estamentos, como ser el acceso a beneficios sociales que brinda el ANSES o bien intervinieron para la solicitud del permiso de circulación o trámites y otras diligencias en comisarías oficiando de traductor e intérprete.

“Si bien a veces estas demandas no se encuentran dentro de las esferas o sedes judiciales, desde la coordinación se realizaron trámites o solicitudes teniendo en cuenta con las dificultades que cuentan nuestros hermanos y hermanas, dando cumplimiento desde  otras perspectivas  el acceso a la justicia”, concluyó González.

 

Demandas en tiempos de COVID-19

Elizabeth Gonzalez relató distintas intervenciones y articulaciones con estamentos del Estado y la sociedad en general para ayudar a sectores afectados por la pandemia. “Estas demandas son muy importantes para integrantes de los Pueblos Indígenas teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad económica en la que se encuentran inmersos junto a otros integrantes de la sociedad no indígena que no cuentan con ingresos mensuales”, señaló.

Así, coordinaron entrega de donaciones recibidas de la Asociación de Magistrados y funcionarios Judiciales del Chaco para el Barrio Toba; de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) por intermedio de CONAMI-CONAMICH; y de Martha Altabe, junto a otros donantes anónimos.

Y la articulación con hospitales para la traducción de personas que pertenecen a pueblos indígenas en especial de la Nacion Wichi, acompañado por un traductor o traductora itinerante.

“Otro impedimento que se suscitó fue el acceso vía web, trámites que muchas veces nuestros Pueblos están limitados al acceso por falta señal de internet o el desconocimiento de como operar en una computadora”, señaló la coordinadora. Por ello gestionaron 31 Inscripciones al IFE, además del asesoramiento a dirigentes que, desde el territorio y conociendo las dificultades, se comunicaban para tomar conocimiento de cómo realizar las cargas desde diferentes localidades del interior.    

Asimismo, la coordinación participa activamente de las actividades de capacitación judicial para la incorporación de la perspectiva de respeto intercultural en el Poder Judicial, por ello, asistieron a diversas jornadas, cursos, congresos y espacios de formación para la promoción del acceso a la justicia.

Así,  forman parte activamente en la reflexión de procesos de políticas públicas para la implementación de nuevas legislaciones orientadas a pueblos indígenas como por ejemplo, la ley de juicios por jurados.

Finalmente, González expresó su satisfacción “de poder dar un cumplimiento a tantas normativas vigentes y que seamos pioneros para  la concreción de participación real de los pueblos indígenas dentro de nuestro poder Judicial del Chaco”.

 

 

 

Elizabet González