Comunicado sobre privados de libertad en el contexto sanitario generado por el COVID-19

Abr 3 2020
Ministerio Público de la Defensa
El Ministerio Público de la Defensa del Chaco, a través de su titular la defensora general Alicia Alcalá, adhirió al comunicado del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina mediante el cual manifestó su preocupación por la salud de las personas privadas de libertad (con o sin condena) en el actual contexto sanitario generado por el Coronavirus (COVID-19). Esta situación “podría perjudicar drásticamente las condiciones de detención” en los establecimientos penitenciarios federales y provinciales del país.
 
En otro pasaje del comunicado recordó lo sostenido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el “Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas”: las personas privadas de libertad “se encuentran en una posición de subordinación frente al Estado, del que dependen jurídicamente y de hecho para la satisfacción de todas sus necesidades. Por eso, al privar de libertad a una persona, el Estado adquiere un nivel especial de responsabilidad y se constituye en garante de sus derechos fundamentales, en particular de sus derechos a la vida y a la integridad personal, de donde se deriva su deber de salvaguardar la salud de los reclusos brindándoles, entre otras cosas, la asistencia médica requerida”.
 
Asimismo, el Consejo Federal entendió que resulta “razonable extremar los recaudos para evitar medidas judiciales de encarcelamiento preventivo y la denegatoria al acceso a regímenes de libertad anticipada, excarcelaciones, prisiones domiciliarias, entre otras alternativas a la prisión, en especial con quienes se encuentren entre los grupos de riesgo (mayores de 60 años, mujeres embarazas, mujeres con hijos menores de edad, personas con enfermedades crónicas y graves, entre otras situaciones)”.
 
En tanto que recomendó a los defensores y defensoras públicas de todas las jurisdicciones e instancias del país que: 
1. Presten especial atención a la situación de salud de las personas privadas de libertad, frente a la pandemia que justificó la declaración de emergencia sanitaria por parte del Gobierno Nacional, y que verifiquen y reclamen cuando sea necesario que se asigne un tratamiento adecuado.
 
2. Agilicen pedidos de libertad o morigeración de la situación de encierro de las personas que se encuentren dentro de un grupo de riesgo.
 
3. Inicien o continúen el trámite de acciones de hábeas corpus ante los/as magistrados/as competentes cuando se advierta hacinamiento u otras restricciones de derechos de las personas privadas de libertad que puedan implicar un agravamiento en las condiciones de detención.
 
A la vez que señaló “las medidas antes mencionadas deberían responder a un compromiso conjunto de todos los órganos judiciales y Ministerios Públicos del país”.
 
Por último, afirmaron: “resulta imprescindible que los Ministerios de Justicia u otras autoridades competentes del país adopten, en aquellos casos donde aún no lo hayan implementado, instrumentos y medidas eficaces destinados a la prevención y protección del COVID-19 en contexto de encierro, en resguardo del derecho a la salud de las personas privadas de la libertad, en especial aquellas consideradas dentro de algún grupo de riesgo”.