Jueces del STJ rechazan manifestaciones del presidente del Colegio de Abogados de la segunda circunscripción

Dic 5 2019
Comunicado

Habiendo tomado conocimiento de las expresiones vertidas por Edgardo Reguera, presidente del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción Judicial, en un portal de noticias, el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, ante la gravedad que tienen las afirmaciones allí formuladas, entiende necesario rechazarlas categórica y terminantemente, utilizando un lenguaje que permita comprender a la ciudadanía toda que se encuentra interesada por tratarse de cuestiones relacionadas directamente con el servicio público de justicia.

Inicialmente se debe advertir y aclarar a la opinión pública que esas declaraciones no están causadas ni originadas en lo que se trata de hacer presentar como objeto de la crítica del que las realiza, o sea la gestión de la presidenta del STJ Emilia Valle, ni lo que se califica como intentos lastimosos de aumento de haberes judiciales evitando la Ley de Enganche, ni la falta de capacidad de solucionar el reclamo de los empleados judiciales, ni el episodio que atribuye a la entonces secretaria de la presidenta, ni a que la presidenta se haya intentado arrogar los logros de la construcción de edificio de tribunales de Sáenz Peña, ni que se haya profundizado la crisis.

La verdadera causa de las declaraciones del abogado Edgardo Reguera es que la propuesta que efectuó como postulante para juez del Juzgado de Familia Nº2 de la Niñez, Familia y Adolescencia de la secretaria  del Colegio de Abogados, abogada María Elena Rudaz, y que tuviera tres votos de los integrantes del Consejo de la Magistratura, no resultara como la ganadora del concurso para dicho cargo ya que fue votada por cuatro consejeros, la secretaria del juzgado de Nº1 de Familia, Niñez y Adolescencia de Sáenz Peña, abogada Lorena Hruza.

Todos los que componen la comunidad forense saben cómo sucedieron los hechos relacionados al concurso y a la definición de la votación en el cargo de juez mencionado, por lo que creemos innecesario referirnos a los mismos, pero si dejar perfectamente aclarado que se cumplieron con todas las condiciones y pautas exigidas para que la culminación del proceso de selección del juez haya sido impecable.

Pero  no se puede admitir que sin expresar los verdaderos motivos de su accionar, se realice una crítica que no tiene sustento ni asidero en la realidad.

Entendemos que el ataque a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia y al propio órgano cabeza del Poder Judicial, son totalmente injustificados y baladíes. Siempre el STJ reclamó, y lo sigue haciendo, el incremento de las remuneraciones salariales de todos sus integrantes y estamentos, habiendo propuesto incluso varias maneras de tratar de lograr un camino y horizontes cierto para la equiparación de las mismas primero a una media regional del NEA, y luego a una media nacional. Incluso en las últimas reuniones de los integrantes del STJ con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y con el gobernador electo, fueron públicos los reclamos referentes a tales cuestiones. En cuanto al Edificio de Tribunales de Sáenz Peña, siempre el STJ lo ha presentado como un logro derivado del esfuerzo de todos los sectores de la comunidad forense, comenzando por los abogados de su Colegio, pero también de las autoridades de la Intendencia, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, sin poder soslayar el fuerte apoyo de todos los habitantes de este municipio.

En cuanto a las medidas de fuerza que están adoptando los tres gremios o asociaciones sindicales que aglutinan a los empleados judiciales, el STJ debe recordar que siempre requirió del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, los aumentos salariales correspondientes, máxime teniendo en cuenta la notoria pérdida adquisitiva derivada de la inflación del último año 2019. Y reiteramos esos reclamos también en la Comisión de Presupuesto y ante el gobernador saliente y el electo.

Lamentan los integrantes del STJ tener que ocupar el tiempo de la ciudadanía del Chaco a esta clase de contestaciones, pero es evidente que no se podía dejar de hacerlo, y propiciamos que se encarrilen los reclamos y solicitudes por los canales normales, propios de un Estado constitucional de derecho y democrático.

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