Ratifican validez del decreto que establece honorarios mínimos para escribanos

Dic 4 2019
Juzgado Civil y Comercial Nº 8
El juez Civil y Comercial Nº 8 de Resistencia, Alejandro Herlein, ratificó la validez del decreto 447/19 del Poder Ejecutivo provincial referido a la reglamentación arancelaria emitida en la resolución 95/18 del Colegio de Escribanos del Chaco. La decisión alcanzó también a las reglamentaciones vigentes en materia de montos de la cuota social y derechos de escritura.
 
El caso trataba de una acción de amparo iniciada por dos escribanos que solicitaban la inconstitucionalidad del decreto, porque entendían que asignaba validez y eficacia a procederes institucionales en abierta violación de la ley Nº 784-C y por los cuales el Consejo Directivo del Colegio de Escribanos y de la Caja Notarial han asumido el ejercicio de potestades reservadas exclusivamente a los órganos estatales competentes. Entre otras: la de legislar o establecer valuaciones de inmuebles, y que los escribanos deben aceptar bajo pena de sanciones disciplinarias que pueden ser gravísimas para el ejercicio profesional.
 
En un extenso fallo, luego de analizar las particularidades que presenta la actividad notarial y toda la normativa que le resulta de aplicación, el magistrado afirmó: “el órgano competente por ley para establecer los aranceles notariales es el Poder Ejecutivo Provincial”. Por tal motivo “indefectiblemente las resoluciones dictadas por el Consejo Directivo del Colegio de Escribanos fueron dictadas en el ejercicio de atribuciones que le correspondían a otro órgano de la administración pública”. 
 
“No obstante ello nos encontramos frente a una incompetencia relativa, lo que implica la posibilidad de mantener la vigencia de los actos a través del saneamiento de los mismos. En este sentido, si es posible y deseable la autoridad competente -Poder Ejecutivo Provincial- puede subsanar el vicio mediante la ratificación con efecto retroactivo, lo que efectivamente ha ocurrido con el dictado del decreto cuestionado”, agregó.
 
En otro pasaje relevante del fallo aseguró: “a los fundamentos ya explicitados se suma que de hacer lugar al planteo formulado por los amparistas se afectaría seriamente la subsistencia del sistema previsional de los notarios y de la fiscalización de la profesión, cuyo sostenimiento económico depende de los aportes de sus miembros”. 
 
Finalmente indicó: “también debe sopesarse el incalculable daño que importaría declarar la nulidad e invalidez de los actos realizados a la luz de las resoluciones dictadas por años por el Consejo Directivo del Colegio de Escribanos, ya que salta a la vista que el hecho trasciende a los recurrentes para abarcar a todo aquel que de una u otra manera se halla bajo el imperio de la reglamentación profesional local”. 
 
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