Reflexiones sobre la importancia del proyecto de aumento salarial presentado por el STJ - Infojus 92

Oct 25 2017
Por: Gustavo Serrano (Presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco).
 
El tema que hoy nos convoca es el proyecto de ley de aumento salarial de emergencia que aprobara el Superior Tribunal de Justicia en fecha 16 de agosto del corriente año y remitiera a la Cámara de Diputados del Chaco un proyecto de ley para su tratamiento, en cuyo artículo primero establece en forma concreta la nueva escala salarial aplicable a Magistrados, Funcionarios y Empleados de la Jurisdicción 09 del Poder Judicial, a partir del primero de julio de este año, conforme la planilla anexa,  y también por el artículo 2 se autoriza a adecuar los créditos presupuestados para el ejercicio del 2017 de la jurisdicción 09 del Poder Judicial. 
 
A través de este proyecto entendemos que el Superior Tribunal de Justicia viene a ejercer en plenitud una suerte de autarquía financiera habida cuenta que luego de analizado en forma concreta cual es el estado salarial de todos los empleados, magistrados y funcionarios del Poder Judicial ha determinado en forma precisa cual es la política salarial para el sector. En razón de ello ha tomado como parámetro el criterio rector del esquema salarial de los aumentos que la Corte Suprema de Justicia otorgó este año para todos los empleados de la justicia nacional. 
 
Recordemos que los aumentos dispuestos por la CSJN, a través de las acordadas número 6 y 17 del corriente año, fueron de 10 % cada uno, lo que significó el incremento general para la justicia nacional. Esto trasladado a la justicia provincial, nos encontramos que la Provincia del Chaco  (aplicando su política salarial para el sector del Poder Judicial) tan solo dio en una primera oportunidad (hasta julio) 6% y, en una segunda, a través de una mayor dedicación, un 4%, lo que significa lisa y llanamente que la justicia provincial percibió 10% de aumento salarial en lo que va del año. 
 
En razón de estas diferencias y asimetrías con la justicia nacional, la Corte Provincial, estableció cuál sería la política salarial de mínima para determinar un principio de igualdad. Para ello tomó los incrementos de la justicia nacional, cada uno del 10% acumulable, que implican 21%). Utilizó como base el mes de julio y las recomposiciones dadas hasta ese momento, que significan una diferencia de 15%. 
 
Es decir que con ello tan solo estableció el principio de igualdad que debe existir entre las percepciones de los aumentos que a la justicia nacional concedió la Corte Suprema de Justicia para sus empleados. Igual aumento debería implementarse para la justicia provincial para todos los empleados, funcionarios y magistrados. Para ello, puntualizó en su fundamentación cuáles son sus objetivos principales: equiparar gradualmente las remuneraciones de este poder con los salarios fijados para la justicia nacional. 
 
Tenemos que partir de la base que este principio que tiene como fundamento el referido proyecto de ley, indudablemente posee una entidad y resonancia de mucha envergadura; habida cuenta que por primera vez se lee y escucha dentro del Poder Judicial que se está hablando de un objetivo a largo plazo tendiente a equiparar gradualmente las remuneraciones de este poder. 
 
Este principio de equiparación que tiene su fundamento en las Constituciones Provincial y Nacional cuando se habla de "igual tarea igual remuneración" es enarbolado hace bastante tiempo por los magistrados y funcionarios del Chaco, quienes en una cruzada heroica para aquella época, en el año 2005, iniciaron acciones de amparo pretendiendo una equiparación de los salarios con la justicia nacional. 
 
En esa acción planteada ante el Superior Tribunal de Justicia se arribó a una sentencia recién en el año 2014. Es decir, nueve años después. En este pronunciamiento se reconoce como inobjetable para todos los accionistas el derecho a una equiparación salarial sustentada con otra garantía constitucional, que es la violación que producida en la provincia del Chaco a la intangibilidad en las remuneraciones de los magistrados y funcionarios. 
 
Tal vulneración quedó plasmada mes a mes, año a año, habida cuenta que todas las remuneraciones que veníamos percibiendo eran muy por debajo de las medias nacionales y, sumado a ello, el problema inflacionario que fueron soportando el país y la provincia. 
 
Esto llevó al máximo tribunal jurisdiccional de la provincia a reconocer a los accionantes el derecho a la equiparación, que debe plasmarse en un período razonable, para lo cual estableció, en primer término hacer lugar a la acción de amparo y determinó que esa equiparación e igualdad debe ser trasladada a la Legislatura provincial para que a través de una normativa genérica establezca la forma y el modo de reestablecer la intangibilidad. 
 
También estableció en ese decisorio que, en caso que esto no se llevara a cabo, debería fijarse de alguna manera, es decir, hacer operativa esa garantía jurisdiccional, para lo cual describió las formas y pautas de cómo debería serlo en un período razonable, que estimó de cuatro años. 
 
En esa presentación fueron favorecidos unos 187 magistrados y funcionarios de la provincia del Chaco, causa que produjo un hito importantísimo en la historia jurisdiccional del país, habida cuenta que un grupo de funcionarios y magistrados recurrieron a la instancia judicial para que se le reconozca un derecho que fue vulnerado constantemente por los diversos poderes administradores de turno. Dado que han pasado por esta administración, poderes ejecutivos de distinta naturaleza e ideología política y todos han renegado esta realidad que a través de este fallo judicial sale a la luz. 
 
En razón de ello y de que este decisorio no se ha podido cumplimentar en concreto dado que la provincia formuló los recursos extraordinarios ante la Corte Suprema, estamos esperanzados en que esa decisión pueda en corto lapso clarificar y reconocer los derechos hoy denegados en la Provincia del Chaco.
 
Entendemos que uno de los pilares básicos de la independencia judicial lo constituye la intangibildad en las remuneraciones y, a no dudarlo, que unos de los caminos para hacer realidad es con la autarquía financiera del Poder Judicial, cuyo objetivo lo planteamos en el 2015 al presentar desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Chaco un proyecto en tal sentido a los tres poderes del Estado, sin que hasta el presente tuviera tratamiento legislativo.
 
Finalmente acompañamos y valoramos la decisión que adoptó el Superior Tribunal de Justicia con este proyecto de ley sobre la nueva escala salarial del Poder Judicial, y estamos convencidos que todos quienes lo integramos: magistrados, funcionarios y empleados deberían defenderlo con convicción, porque tan solo con su sanción se plasmara la auténtica independencia judicial en nuestro sistema Republicano.
 
Gustavo Serrano