Un salón colmado de asistentes escuchó a distintos especialistas en crimen organizado y género

Mayo 12 2017
La ministra Lucas abrió la jornada

La actividad fue organizada por la Asociación de Mujeres Argentinas (AMJA), el Ministerio de Justicia de la Nación y el Centro de Estudios Judiciales del Superior Tribunal de Justicia del Chaco.

La jornada se realizó en el marco del convenio suscripto entre Amja –entidad que integran las ministras María Luisa Lucas y Emilia Valle- y el Ministerio de Justicia de la Nación para el desarrollo del Programa Narcotráfico, Narcomenudeo, Criminalidad y Género.

El acto de apertura estuvo a cargo de la ministra del Superior Tribunal de Justicia María Luisa Lucas y la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger.

En primer término, Lucas manifestó su satisfacción por la calidad de los expositores, y la gran asistencia de público a la actividad.

Señaló que los temas que se tratarían son de enorme interés y adelantó que la AMJA, entidad  “de la que soy fundadora”,  cumplirá 25 años en 2018, y que su presidenta, Susana Medina, quien también preside la Asociación Internacional  de mujeres jueces del mundo, estuvo con el Papa Francisco, quien le encomendó que recogiera las inquietudes de las juezas de su organización.

“El año que viene se hace la bienal 2018 en Buenos Aires y Amja va a recibir a 1000 juezas del mundo para tratar entre otros, uno de estos temas”, anunció Lucas, e informó que en mayo de 2018 “70 mujeres van a hablar de crimen organizado, de cómo sufren en sus lugares y qué soluciones les dan”.

Luego se refirió a la ley de narcomenudeo “que involucró a los jueces provinciales en colaborar en este delito”, que el STJ local asumió la responsabilidad que implicaba el envìo de fondos nacionales para afrontarla.

“Todavía el STJ està esperando estos fondos”, lamentó Lucas, y recordó que desde el año 2015 se está disponiendo de parte del presupuesto previsto para el Poder Judicial chaqueño para los gastos que requiere esta problemática. En tal sentido, comentó lo que le encomendó la presidenta del STJ, Isabel Grillo, en relación con el pedido realizado en marzo de este año al gobernador Domingo Peppo con los reclamos que la dirección del IMCIF realizaba al Alto Cuerpo, en cuanto al uso de los recursos de ese organismo del Poder Judicial. Informó, al respecto que , desde la implementación del fuero especial antidrogas, “más del 85 por ciento de la actividad (del IMCIF) està destinada a las pericias del fuero antidrogas,  lo que implica un notable desbalanceo de los recursos que también deben utilizarse para otras problemáticas. En ese requerimiento al gobernador se le solicitò que arbitre los medios necesarios a fin de obtener los fondos imprescindibles para el buen funcionamiento del fuero antidrogas. Lucas recordó que en 2016 hicieron el mismo reclamo, sin haber obtenido resultados.

Zunilda  Niremperger

La jueza federal inició su disertación recordando que la ley de lucha contra el narcotráfico tiene 30 años de vida. “Podríamos decir que no ha cumplido con los objetivos que se ha propuesto”, opinó.

Señaló que a diario advierten el crecimiento del narcotráfico y del consumo de sustancias, que se diseñan drogas sintéticas.

“Se podría decir que deberíamos comprender que el prohibicionismo ideológico que subyace a la ley de estupefacientes no está dando resultados”, señaló la magistrada para hacer hincapié en que se debe trabajar más allá de la eliminación de la oferta.

“La guerra declarada contra las drogas ha sido unidireccional desde un único frente, el represivo, y ha consistido en que el punto fundamental ha sido atacar la venta de drogas para disminuir el consumo por su costo. Paradójicamente los resultados no fueron los esperados”, insistió.

“Existe persecución y estigmatización de los consumidores, el narcotráfico lidera en los barrios, tomando y afectando a estos sectores que son los más vulnerables”, analizó luego.

Niremperger criticó ampliamente esta política antidroga a la que consideró “miope” e ineficaz. “Al haberse mirado al narcotráfico como un todo homogéneo, dejó de mirarse la complejidad del problema. Así se reaccionó de una forma igualitaria ante todos los elementos de la cadena: ante el narcotraficante y el consumidor, y se perdió de vista la complejidad del fenómeno”, reiteró, para luego entender que “la mirada y la reacción no puede ser la misma. No es lo mismo el consumidor que el narcotraficante, una persona con problemas con las drogas debe ser vista desde el problema de la salud. Esto no fue así y se ha estigmatizado a los consumidores y se los ha puesto como víctimas del sistema represivo”.

Finamente reveló que un estudio del Cedronar, dio cuenta que en la Argentina el 90 por ciento de la política de drogas se destina a la oferta, y el 4 por ciento para la demanda.  Informó que en los últimos tiempos y a propósito de la entrada en vigencia de la desfederalizaciòn, “el 70  por ciento de expedientes de narcotráfico son por tenencia simple de estupefacientes, y sólo un 30 por ciento se ocupa del comercio de mayor envergadura”. Y que esto tiene que ver con no tener claro “cuáles son los bienes jurídicos que se pretende proteger a partir de la sanción de la ley”. “Si creo que una cosa es el narcotraficante y otra cosa el consumidor, la respuesta que va a dar el Estado va a ser diferenciada. Eso es lo que debería ser”, concluyó.

Finalmente, hablaron el juez federal Andrés Baso (Juez federal de CABA. Especialista en Trata de personas. Especialista en administración de justicia, docente universitario), el juez federal de Reconquista Aldo Insaurralde, quien se refirió al delito de la confabulación en la ley 23737 (abogado especializado en derecho tributario). Y Elizabet González, coordinador de Asuntos Indígenas de las Tres Etnias del Chaco ante el Poder Judicial, quien concluyó la jornada hablando sobre “Mujeres indígenas y violencia de género”.

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