El acceso a la justicia de los más vulnerables - Infojus 86

Mar 31 2017
Por: Mariela Lorena Contreras (Asesora del Menor de Edad de Villa Ángela)
Quienes tenemos la responsabilidad de ser asesores de personas menores de edad sabemos que ello implica hacer efectivo el derecho que tiene todo niño, niña o adolescente de acceder a la tutela judicial oportuna, razonable y eficaz. A tal fin debe existir en nosotros un compromiso con la defensa de sus derechos porque sabemos que muchas veces no se respetan. 
 
Estos pequeños seres, vulnerables, necesitan de protección para no caer en el desamparo. Por tal motivo, cuando ello no llega desde la familia, somos nosotros quienes tenemos que defender sus derechos y sentirnos responsables por cada uno de ellos mediante un compromiso real que nos aleje de la despersonalización y la burocracia.
 
El Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires define al Asesor de Menores de Edad como “el funcionario investido de todas las atribuciones necesarias para controlar el efectivo cumplimiento de las normas Nacionales e Internacionales destinados a proteger los derechos reconocidos a los niños en su calidad de Sujetos de Derechos”. De allí, que la representación del niño, niña o adolescente, significa el deber de proteger frente a la afectación de cualquier derecho y en cualquier circunstancia que así lo requiera; asegurando en el proceso “la defensa de sus intereses”. 
 
Hablamos de representación (artículo 103 del Código Civil y Comercial) porque lo es favor de las personas menores de edad. Es decir que a la representación individual, la ley suma la representación común del Ministerio Público en cabeza de los asesores de menores de edad. 
 
Hoy esta intervención es más precisa porque se la clasifica en judicial o extrajudicial, la que a su vez la define como complementaria o principal;  ya sea que el Ministerio Público intervenga de forma conjunta o no con los progenitores o tutores en el caso de los procesos en que se encuentren involucrados intereses de las personas menores de edad. 
 
Al respecto la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país, es el primer tratado internacional que reconoce los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes, creando un marco de protección integral a su favor que obliga a los Estados parte a respetar, proteger y garantizar su aplicación. Entre sus principios generales de aplicación figuran: la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo y derecho a opinar libremente. 
 
El paso a nuevos paradigmas
La Convención generó un proceso de transformación profunda respecto de las concepciones jurídico sociales de la niñez y adolescencia que fue consolidado con las leyes de protección integral de niños, niñas y adolescentes en el ámbito nacional (ley 26061) y provincial (ley 7162). Estos cambios significaron un pasaje a los nuevos paradigmas de la protección integral. 
 
Por su parte las 100 Reglas de Brasilia sobre “Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a las que el Superior Tribunal de Justicia del Chaco adhirió en 2009) representan otro paso en ese sendero. Tales postulados detallan el deber insoslayable del Estado y, por consiguiente, de cada uno de sus organismos, de asegurar a sus ciudadanos, sin ningún tipo de distinción, la posibilidad de acudir a la administración de justicia a resolver un conflicto y obtener una sentencia justa de conformidad con el ordenamiento jurídico.
 
Para su correcta ejecución, las 100 Reglas de Brasilia no plantean el problema como algo exclusivo de los jueces, sino que comprenden el compromiso y comprensión de todos los operadores jurídicos. 
 
Está en nosotros poner en práctica de manera efectiva todos los instrumentos nacionales e internacionales para proteger de manera integral los derechos de la niñez y adolescencia. Es un compromiso que nos involucra hoy más que nunca. Por eso debemos trabajar consensuada y responsablemente con las familias, la comunidad y las distintas entidades públicas, reconociendo a los menores de edad todos los derechos y garantías que poseen. 
 
Así, cuando ante la vulneración de sus derechos  golpean a nuestra puerta en busca de ayuda o respuestas que tiendan a subsanar ese derecho que entienden afectado (sin importar su situación o no de pobreza, religión, cultura, sexo, etcétera y haciendo efectivos los principios de igualdad, legalidad y no discriminación), debemos garantizar su derecho de acceso a la Justicia mediante la efectiva aplicación del interés superior del niño; a través de la escucha activa para la inmediata intervención, cuando el proceso así lo requiera, o articulando con el organismo de intervención. 
 
El rol de los operadores jurídicos
Quienes somos operadores jurídicos debemos contribuir a la materialización de tales derechos, garantizando a los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad el requisito esencial de acceso a la Justicia. 
 
Este concepto significa darles la posibilidad a todas las personas (niños y adultos) de obtener una justa y oportuna respuesta y reparación a las violaciones de sus derechos tal como nos los piden las normas nacionales e internacionales de aplicación. 
 
Dado que frecuentemente la falta de confianza en sí mismos, el sentimiento de debilidad, el miedo, amenaza, la incapacidad de afrontar costos legaleso el temor del estigma social para hacer denuncias o iniciar trámites jurídicos los torna vulnerables y requieren de nuestra especial atención. 
 
Es allí, con el pleno ejercicio y disfrute del derecho del otro, donde veremos en sus rostros la compensación por sus afectaciones. 
 
Mariela Contreras