La JUFEJUS fijó posición respecto a la adhesión provincial a la ley 26052

Abr 22 2014
A través de un comunicado
La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS) remarcó en un comunicado difundido hoy que “aun cuando se suponga que el problema que se aborda es el de aquellos delitos de menor entidad dentro del fenómeno global, lo cierto es que esa menor entidad no disminuye el enorme volumen de servicio que será necesario para atenderlos”. 
 
A su vez, indicó, si bien es cierto que la ley 26052 prevé la proporcional transferencia de créditos presupuestarios a las jurisdicciones que adhieran y así lo requieran, “conviene tener presente a este respecto que la competencia que asumen las provincias que así lo desean sigue siendo federal, razón por la cual los costos deben ser absorbidos por la Nación”. De lo contrario, sucederá, que las provincias dispuestas a tomar la responsabilidad de ejercer tales atribuciones estarían solventando no solamente a la Nación sino a las que no lo hicieran, lo que desequilibra el sistema federal.
 
Estos recursos deberían preceder al traspaso de las competencias, pues los medios a cuyo sostén están destinados deben estar dispuestos antes y no después de que la realidad torne necesaria su aplicación”, enfatizó la Junta. 
 
Al tiempo que agregaron que si ello no ocurriera, las provincias que coadyuvaran por esta vía al propósito nacional habrían asumido la función de financiar el servicio descuidando las cláusulas de la Constitución Nacional y la ley 26052 y, probablemente, en mayor o menor medida, la tarea asumida, puesto que los recursos generalmente son escasos.
 
Además insta a considerar que “harán falta más servicios personales, muchos de ellos considerablemente especializados, como los de los peritos, más capacitación en todos los operadores abocados a las nuevas tareas, dependencias para alojamiento de las personas sobre las que pesen privaciones de libertad, preventivas o sancionatorias, y bastante más. Todo ello hace aconsejable que el traspaso sea precedido o, si no fuera ya posible, acompañado o sucedido de un estudio detallado de cuáles son las demandas que atiende la justicia federal al tiempo de las transferencias, estableciendo los medios necesarios para atenderlas y liquidando los mensurables en términos monetarios; para disponer, en base a ello, las medidas apropiadas en orden a implementar la nueva competencia en condiciones exitosas”.
 
Finalmente, desde la JUFEJUS advierten que para responder eficazmente a la demanda que hace la sociedad “no alcanza el compromiso entusiasta sino que se precisa la reunión de los medios necesarios y conducentes a ese fin”. 
Jufejus