La dimensión institucional de la violencia de género - Infojus 78

Jul 6 2016
Editorial
Por: Emilia María Valle
La temática que hoy nos convoca, esto es, la violencia de género es un flagelo que afecta ciertamente a muchísimas mujeres en  el mundo y se ha convertido en la actualidad en una de las principales causas de vidas tortuosas y destinos trágicos, siendo caracterizada por la Directora ejecutiva de ONU Mujeres, como una pandemia mundial y una emergencia de salud pública y de derechos humanos. 
 
En punto a ello, precisaba Alicia Silva en una nota publicada  en Sistema Argentino de Información Jurídica, que la violencia de género constituye una flagrante violación a un derecho humano fundamental: el derecho a la salud de las mujeres, derecho imprescindible para alcanzar un ¨estado de bienestar¨.
 
En ese sentido, la buena salud es un concepto holístico que involucra aspectos del ámbito biológico, social, político, cultural,  económico y ambiental. De modo tal que estar sana /sano implica contar con una vida digna, libre de violencias y discriminaciones.
 
A propósito de destinos trágicos como  consecuencia extrema de violencia contra la mujer, resultan alarmantes los números que arroja  un artículo titulado ¨Violencia de género y femicidio: las cifras del horror para las mujeres argentinas¨ En efecto, se consigna allí que la Presidenta de la Casa del Encuentro precisó que entre 2008 y 2014 hubo en la Argentina 1808 femicidios, sin contar los transversales o vinculados. Asimismo, otra tremenda consecuencia es el número de niños (en el lapso referido, 2196) que perdieron sus madres y muchos de ellos, también a sus padres, porque eran quienes habían dado muerte a aquellas. A su vez, en el año 2015 fueron 286 los femicidios en Argentina, 11 de ellos correspondientes a Chaco.
 
Ahora bien, es altamente preocupante que  muchos de esos casos, ya habían pasado por agencias estatales, así por los ámbitos policial y judicial y por el sistema de salud pública, advirtiéndose acciones u omisiones realizadas por el Estado y sus instituciones. Y ahí es donde claramente se percibe como la violencia de género se nutre también de violencias institucionales. detectándose situaciones tales como hechos de violencia contra mujeres que no se investigaron o que no lo fueron con el compromiso y seriedad que merecen, otros que no fueron juzgados,  no fueron sancionados o no se reparó el daño, advirtiéndose demoras injustificadas en los procesos, trato inadecuado a las víctimas, escasa credibilidad en el relato  de las mismas, tiempos de espera prolongados en las dependencias, revictimización provocada por reiteradas declaraciones, falta de información durante el proceso, exámenes médicos invasivos e innecesariamente repetidos en delitos sexuales, como así el no haberse garantizado el cumplimiento y seguimiento de órdenes de protección y medidas cautelares
En síntesis, se observa desde las instituciones del Estado, prácticas androcéntricas y estereotipos de género que producen resultados que merecen interpretarse como de violencia institucional.
 
Consecuentemente,  el ente estatal puede también cometer formas de violencia de género institucionalizada, no solo porque a través de sus agentes se ejecuten actos de violencia física, psicológica o sexual, sino también por la responsabilidad que le cabe en la prevención, sanción y erradicación de dichas violencias. 
 
La importancia de la responsabilidad del Estado en cuanto a ello ha sido reconocida en distintos fallos y dictámenes que se erigen como referentes internacionales en el desarrollo de los derechos humanos. Asi,  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aplicando por primera vez la Convención de Belem Do Pará, en el caso María Da Penha c. Brasil  (2000) dictaminó que el Estado no ejerció la debida diligencia para  prevenir, erradicar y sancionar la violencia doméstica al no condenar al agresor no obstante las reiteradas denuncias de la víctima, violando igualmente la obligación de prevenir estas prácticas degradantes.
 
Asimismo, en el emblemático caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs México, (2009), la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenó al Estado Mexicano por haber violado el deber de no discriminación, desde que no dispuso los medios adecuados para luchar contra los estereotipos de género.
Encontrándose vulnerados igualmente los derechos a la vida, a la integridad y a la libertad personal relacionados con la obligación del Estado de respeto y garantía, así como los derechos de acceso a la justicia y protección judicial,  derechos expresamente consagrados en la  Convención  Americana de Derechos Humanos. 
 
Desde luego, en este andarivel, el caso emblemático impregnado de discriminación por género y por etnia, que nos toca tan de cerca y aún duele, ocurrido en nuestra provincia, conocido como LNP,  y que da cuenta de incalificables conductas de funcionarios médicos, policiales y judiciales que en lugar de proteger y reparar la violación de los derechos de la  víctima, niña, indígena, menor de edad y pobre, la revictimizaron vulnerando su derecho de acceso a la justicia. En este sentido, como sabemos, se le negó un juicio justo y debido proceso, hubo claras y notorias irregularidades en el mismo, prejuicios étnicos y de género que motivaron la impunidad del delito, actos de violencia física, psicológica y moral perpetrados por los agentes del sistema de administración de justicia y sistema público de salud, antes y durante el proceso judicial. Por lo que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dictaminó que se violaron diversos artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts 2, 3, 7, 14, 17 inc 1, 24 y 26), y recordó que el Estado parte tiene la obligación de evitar que se cometan semejantes violaciones en el futuro, en particular, asegurando el acceso de las víctimas a los tribunales en condiciones de igualdad. 
 
De manera tal que, si bien en los casos de violencia contra las mujeres, los protagonistas habituales suelen ser las mujeres y sus agresores, desde hace tiempo viene visibilizándose claramente que el Estado y sus autoridades pueden ser directa o indirectamente responsables de distintas formas de violencia de género. 
Nuestro país ha abordado legislativamente el combate a la violencia contra la mujer, diferenciando algunos autores tres etapas: la  primera, determinada por la sanción de la Ley 24.417 de Protección contra la violencia familiar; la segunda,  un paso importantísimo, la sanción de la Ley 26485  de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la  violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, que como es sabido, reconoce como antecedente a la antes citada Convención de Belem do Pará,  siendo una ley de derechos humanos que circunscribe su protección exclusivamente a la mujer e instala la problemática de género en el centro del debate. La tercera etapa la constituye la incorporación de los delitos de género al Código Penal. Con especial referencia al art. 80 inc 11, esto es, el femicidio, ejemplo de violencia extrema contra la mujer. 
 
Igualmente la provincia acompañó esa lucha con el dictado de distintas leyes, entre estas, la Ley 7162 de Protección Integral de niños, niñas y adolescentes, la Ley 4175 de Protección contra la violencia familiar, la Ley 7006  de Prevención y Erradicación de la violencia laboral en el ámbito de la administración pública, la Ley 6521 que creó un protocolo de detección de situaciones de violencia contra la mujer en consultas médicas, la Ley 6548 que aprobó el protocolo de actuación policial  ante situaciones de violencia contra las mujeres, la Ley 6770 que creó la Oficina de atención y asesoramiento y seguimiento de situaciones de violencia. Así también desde  nuestro Poder Judicial, se adoptaron variadas medidas, en este orden, el convenio marco con la CSJN articulándose acciones con la Oficina de la Mujer y la Oficina de Violencia Doméstica,  la capacitación continua respecto a esta temática, la creación de Oficinas de atención a la víctima y  recientemente las Oficinas de género en todas las circunscripciones judiciales. Inscribiéndose en tal objetivo igualmente,  la incorporación  de una mirada de género en las sentencias, el dictado de fallos como ¨Jara¨ en el orden provincial a tono con ¨Gongora¨ de la CSJN y decisorios sensibles en los que se valora adecuadamente el testimonio de la víctima en delitos sexuales .
 
No obstante todo ello, las mujeres y las niñas continúan siendo víctimas de violencia, dentro y fuera de sus casas, a menudo a mano de sus parejas o ex parejas, pero también desde el Estado  y sus agentes. Debemos aumentar los esfuerzos para prevenir la violencia de género impidiendo que se dé, comenzando temprano educando a niños y niñas dentro de los valores de la no violencia y de la confianza y el respeto mutuo, como para preparar a las futuras generaciones en ese cambio de mentalidad por el que se está luchando. Es necesario comprender que el maltrato a la mujer es un problema real, cercano que nos afecta y compromete a todos y a todas. Solo desde el conocimiento de  la realidad se puede llegar a transformarla. Creo que debemos revisar nuestra propia conducta, nuestras acciones, haciendo una fuerte y sincera autocrítica. Desde esta mirada, resultan altamente positivos los talleres de violencia de género y violencia institucional organizados por el Centro de Estudios Judiciales que se están replicando en todas las Circunscripciones Judiciales de nuestra provincia, los que, vale la pena destacarlo, cuentan en cada oportunidad con numerosa concurrencia de mujeres y hombres, en los que todos y todas hacemos ese análisis profundo revisando nuestro accionar y unimos nuestras voces para condenar la violencia que, en todas sus modalidades y tipos, aún hoy, se sigue ejerciendo  contra la mujer.
 
“La historia de los Derechos Humanos es una suma de luchas individuales y colectivas de quienes no callan ante la injusticia, no admiten la discriminación ni la desigualdad y no se arrodillan ante la impunidad” (Del libro “Caso LNP Discriminación por género en el sistema de justicia en casos de violencia sexual”).
 
Emilia Valle