Son requeridas a juicio 19% de las causas asignadas a los fiscales

Abr 27 2016
Como resultado del NDO en Resistencia
El  19% de las causas asignadas a los equipos fiscales de Resistencia son requeridas para su elevación a juicio. La variación es resultado de la puesta en funcionamiento del nuevo diseño organizacional del sistema penal (NDO) y el sistema integrado de gestión e información (SIGI); y constituye una diferencia sustancial respecto de las estadísticas previas a su implementación.
 
Los datos se desprenden del informe de 2015 elevado por Mirbel Valussi, director de la Oficina de Política Criminal (OPC) al procurador general Jorge Canteros. El documento condensa la actuación de las fiscalías de Resistencia e incluye a 13 equipos fiscales, 3 equipos coordinadores, 2 fiscalías antidrogas y una penal especial en derechos humanos.
 
Cabe recordar que desde el 22 de abril de 2013 se aplican en la primera circunscripción judicial las reformas al sistema procesal penal sancionadas en la ley 7143. La modificación integral efectuada tuvo como fin optimizar el trabajo en las fiscalías y mejorar el servicio de justicia.
 
El trabajo de la Unidad Fiscal Resistencia 
Durante 2015 fueron creadas 37.564 causas de las cuales 31.158 pasaron al área de análisis jurídico. Una vez analizadas, desde la Mesa Única de Ingreso e Intervención Temprana (MUIIT) se asignaron 6.888 expedientes a los distintos equipos fiscales. 
 
Además 960 casos fueron remitidos a la Oficina de Gestión de Mediación y otras 3.691 se asignaron a la Oficina de Gestión de Archivo para su correspondiente notificación. 
 
La agilidad que otorga el NDO permitió a las fiscalías resolver el 62% de los expedientes, por lo cual mantenían en trámite apenas 2.665; los que sumados a los de años precedentes totalizaban 5.556 causas en trámite al 31 de diciembre del año pasado (NdeR: incluidas 212 del fuero especial antidrogas y 959 de transición que tramitan los equipos coordinadores A, B y C, como resabio del anterior sistema procesal penal).
 
El análisis en detalle permite observar que fue posible bajar de 21% a 18% el total de causas que fueron asignadas a los equipos fiscales. Al reducir la cantidad de causas que ingresan, en este caso, a la Unidad Fiscal Resistencia es posible optimizar los recursos humanos y materiales, todo lo cual redunda en un mejor trabajo de la faz investigativa. 
 
Mediación penal
La Oficina de Gestión de Mediación, tal como está contemplado en la reforma del sistema penal, también se utilizó como alternativa para la resolución de los conflictos entre las partes. 
 
Valussi precisó que se llegó a un acuerdo entre las partes en 82 de los 272 expedientes remitidos al Centro Público de Mediación. Sobre un total de 960 asignados a la OGM.
 
En tanto que 190 casos debieron ser asignados a los distintos equipos fiscales sea por falta de acuerdo o por ausencia de una o ambas partes. Y otros 144 permanecían en trámite en dicha dependencia al momento de relevar el informe.
 
Consultado al respecto, el titular de la OPC destacó que el siguiente paso para mejorar el sistema de mediación penal será “contar con las instalaciones que permitan a los tres mediadores que tenemos designados, exclusivamente para causas penales, estar incorporados al SIGI y atender con la inmediatez necesaria a los justiciables”. 
 
“Es política del Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General afianzar esta moderna herramienta de solución amistosa de conflictos de naturaleza penal”, enfatizó Valussi. Al tiempo que rescató la “permanente y correcta” interrelación de los gestores de mediación de la Unidad Fiscal Resistencia con el Centro de Mediación. 
 
Requerimientos de elevación a juicio
A lo largo del año pasado se hicieron 1.438 requerimientos de elevación a juicio (REJ) desglosados en 1.305 correspondientes a causas criminales, correccionales y de familia y 133 formulados por los equipos coordinadores en las causas de transición.
 
La mayor organización de los equipos fiscales permitió superar holgadamente la marca de 1.329 REJ establecida en 2014. En este sentido resulta preciso señalar que si bien los porcentajes son obtenidos en relación al número de causas ingresadas durante 2015, dichas decisiones no necesariamente se corresponden con las mismas, pudiendo tratarse de expedientes registrados en los años 2013 y 2014. 
 
“El ideal pretendido por el nuevo sistema de gestión (comenta el titular de la OPC) es que la cantidad de expedientes ingresados a cada uno de los equipos y a toda la Unidad Fiscal Resistencia en su conjunto, en un período determinado, se relacione en cantidad con las salidas de calidad dispuestas en ese mismo período”.
 
Asimismo en el año bajo análisis ingresaron 2.043 personas detenidas al sistema penal de la primera circunscripción judicial, que corresponden a 1.723 expedientes.
 
50% más de consultas en las UDAVC
A raíz de la mayor confianza generada en la comunidad, y celeridad con que trabajan, las dos Unidades de Atención a la Víctima y la Ciudadanía que funcionan en Resistencia recibieron 3.687 consultas, contra las 2.337 del período anterior, lo que significa una variación interanual del 50%. Sumado a ello 1.387 denuncias en igual lapso. 
 
Las UDAVC constituyen la puerta de ingreso del ciudadano al sistema penal. Por ello es constante el trabajo con sus integrantes respecto del trato y asesoramiento que se debe brindar a las personas que acuden para asesorarse sobre trámites judiciales o a formular denuncias penales.
 
Quienes utilizan las unidades obtienen información directa y “desformalizada” respecto de trámites judiciales en marcha o sobre la posibilidad de iniciarlos correctamente.
 
Fuero antidrogas
Entre agosto y diciembre las dos fiscalías antidrogas de Resistencia (con competencia en toda la provincia) recibieron 379 causas: 178 la fiscalía Nº 1 y 201 la fiscalía Nº 2. Para fin de año la cantidad de expedientes en trámite se había reducido a casi la mitad: 120 en la fiscalía Nº 1 y 92 en la fiscalía Nº 2.
 
Asimismo el E.F.Nº 1 imputó delitos a 105 personas, mientras que en el E.F.Nº 2 107 declaraciones de ese tipo.
 
Georreferenciación
Además el informe subraya que fueron georreferenciadas 21.299 causas correspondientes a 22 modalidades delictivas.
 
Este proceso es realizado por los cargadores iniciales “de modo que, cuando las causas son analizadas por la Mesa Única de Ingreso e Intervención Temprana o, en su caso, por los equipos fiscales, pueden tener un tratamiento distinto al consignado inicialmente”, explicó Valussi.
 
Género y otros
Los hechos de violencia de género registrados fueron 2183 (10,25%), en tanto que los cometidos contra la integridad sexual totalizaron 393 (1,85%). Asimismo hubo 37 homicidios (0,17%) y 367 hechos (1,72%) por infracción a la ley de estupefacientes 23.737.
 
En cuanto a las causas sobre violencia de género, el titular de la OPC señaló que ese universo “se reduce cuando es  nuevamente analizada por el equipo de analistas jurídicos y el titular de la MUIIT  para la asignación a los equipos fiscales. Por ello, en igual período,  fueron asignadas a investigación 1.247  causas.
 
De acuerdo a lo informado por los equipos fiscales, en casi el 90% de los casos se adoptan medidas cautelares, las que totalizaron 1.100 durante el citado lapso. Cabe recordar que en la primera circunscripción está vigente el sistema de botones antipánico que se entregan a las víctimas de violencia de género.                                                      
 
NDO en el interior
Por otra parte Oficina de Política Criminal participó activamente, junto a la Dirección de Tecnologías en la última etapa de capacitación para la implementación del nuevo diseño organizacional en las circunscripciones judiciales con cabecera en Charata y Castelli. Completando de forma satisfactoria con la programación dispuesta por el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General en tal sentido.
 
Con ello, precisó Valussi, “estaría en condiciones de decidirse su implementación en dichas circunscripciones”.
 
Previsión para 2016
El trabajo de cara al presente año está focalizado en la continuidad de la capacitación de los integrantes de la UFR de acuerdo con las necesidades propias de cada oficina.
 
Asimismo continúa la tarea de acercamiento de la justicia a la ciudadanía y el justiciable, facilitando su acceso. “Ello constituye en una exigencia central para alcanzar la mayor satisfacción ciudadana a través de la gestión que realiza esta Oficina de Política Criminal y el Ministerio Público en general”, sintetiza Valussi.
 
Mientras tanto fue propuesta la posibilidad de crear al menos dos nuevas UDAVC en lugares a determinar por el Superior Tribunal de Justicia. Y concretar la instalación del sistema integrado de gestión e información (SIGI) en las comisarías de Resistencia, como primer paso, con lo cual podrá acelerarse la comunicación entre los equipos fiscales y la institución policial. 
 

 

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