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Nov 30 2015
Entrevista a Emilia Valle (ministra del Superior Tribunal de Justicia)
Luego de su asunción como quinta integrante del Superior Tribunal de Justicia, INFOJUS dialogó con Emilia Valle. La entrevista estuvo centrada en las características del concurso que ganó y en la proyección que prevé respecto de su gestión el  STJ
 
1.- ¿Cuáles son los alcances de la ley 7157 y sintéticamente, cuales son las etapas que prevé en el sistema de selección que reglamenta?
En principio, me parece importante señalar que la sanción de la Ley que data de Diciembre de 2012, ha significado un claro salto de calidad institucional, que coloca una vez más a la provincia del Chaco a la vanguardia en lo que hace al fortalecimiento de las instituciones. Inicialmente reglamentaba el sistema de selección para la designación de jueces del Superior Tribunal de Justicia y Procurador General, pero luego, al producirse el desdoblamiento del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa –en otro destacado avance institucional- con el dictado de la Ley 7321, la 7157 fue modificada por la 5087/147, incluyéndose también dentro de ese sistema de selección, la designación de Defensor General.
 
En apretada síntesis, esta ley dispone en su art. 17 que el proceso de selección se divide en dos etapas: la primera de antecedentes y la segunda de oposición y, superadas ambas, la participación de los postulantes en audiencia pública, verdadera maratón democrática en la que la comunidad puede emitir opiniones sobre los postulantes y efectuarles preguntas relativas a su vocación al cargo, su posición sobre temas de importancia institucional y su versación jurídica.
 
Ahora bien, la primera etapa hace a la calificación de los antecedentes de 0 a 100 puntos, distinguiéndose dos ítems: el primero, referido a la actividad profesional, la que puede valuarse hasta 80 puntos y el segundo a la actividad académica que se califica hasta con 20 puntos. Siendo necesario para pasar a la etapa de oposición un mínimo de 50 puntos.
 
Alcanzado tal puntaje, se accede a la segunda etapa de oposición que se subdivide en tres: la primera, de carácter técnico jurídico consiste en una exposición oral que no debe superar los 30 minutos, y abarca cuatro ramas del Derecho: Constitucional y Convencional, Penal y Contravencional, Administrativo y Civil, Comercial y Laboral, con un puntaje de hasta 35 puntos;  la segunda refiere a la exposición de un plan de gobierno judicial, donde se incluya la planificación a desarrollar, criterio de gestión institucional y principios relevantes y medidas a adoptar en la función a cumplir; con un tope de 35 puntos. La tercera consiste en una entrevista personal en la que el postulante debe expresar su idoneidad, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos. Esta etapa se califica hasta 30 puntos. 
 
También en esta instancia debe alcanzarse un mínimo de 50 puntos. Es así que superado el puntaje mínimo en ambas etapas, de antecedentes y oposición, se accede a la audiencia pública, que versa sobre los puntos ya señalados.
 
2.- Habiendo intervenido como vicepresidente del Consejo de la Magistratura, en el primer concurso público implementado con este sistema para seleccionar juez del STJ, que concluyó con la designación de Isabel Grillo, y como postulante en el segundo, por el que accedió al cargo de ministra, desde esta experiencia, ¿le parece necesario modificar aspectos de la Ley y, en caso positivo, cuáles principalmente?
En primer término, quiero señalar que aproximadamente un mes antes del dictado de la ley, el Consejo de la Magistratura que me tocó integrar - presidido por Oscar Olivieri- fijó su posición institucional expresando la necesidad de los concursos de  oposición y antecedentes para cubrir los cargos de jueces del STJ y Procurador General pronunciándose a favor de la manda constitucional que surge de los arts. 156 y 157 de la Constitución Provincial.
 
En segundo lugar, reiterar el significativo avance que implicó, sin dudas esta ley, en términos de institucionalidad, transparencia, publicidad y participación comunitaria. Ello partiendo en principio de la reglamentación de un concurso público no solo de antecedentes, sino también de oposición para cubrir estos cargos, sistema único en el país, ya que el existente en Tierra del Fuego responde en realidad a otras características. A ello se suma la posibilidad de asistencia a todo el que tuviera interés en hacerlo, a las diferentes etapas del concurso –las que a su vez son filmadas y grabadas- como así la participación directa de distintos sectores de la comunidad en la audiencia pública, en los términos que antes indicara. 
 
No obstante lo antelado, como todo sistema es perfectible y considero necesario revisar algunos puntos. A modo de ejemplo señalaré algunos: en cuanto a la etapa de antecedentes, quitaría el tope de 100 puntos hasta el que, como máximo es posible calificar, desde que no se explica, a mi entender el porqué de tal límite dado el objetivo buscado con este sistema de selección. Asimismo, modificaría los porcentajes de división de esos 100 puntos (o del máximo que obtuviera el postulante de quitarse ese tope), ya que la ley otorga 80 puntos a la actividad profesional y solo 20 a la académica. Creo que sería una cuestión a ajustar, correspondiendo otorgar a las segunda un porcentaje mayor. Por otra parte, dentro de la actividad académica, revisar el puntaje que se asigna, por ejemplo, a cursos (0,50 puntos a cada uno). Esto por cuanto por una parte, ese puntaje es igual para quien asiste,  expone, diserta, coordina o integra un panel, cuando sabemos que tales actuaciones imponen exigencias claramente distintas. Por otra parte, ese puntaje no guarda relación con los otorgados a cursos de posgrado, y con mayor razón, a especializaciones, maestrías o doctorados. Algunos ejemplos clarifican la idea, así con solo 6 de aquellos cursos se logran los 3 puntos que se otorgan a un curso de posgrado, con 12 cursos el puntaje equivalente a una especialización que se tabula en 6 puntos y así sucesivamente.
 
En cuanto a la etapa de oposición, extendería el plazo de 30 minutos estipulados para la exposición técnico jurídica el que, entiendo, resulta exiguo. Así también considero necesario rever el art. 12 que posibilita a un integrante del Consejo de la Magistratura postularse para cubrir los cargos cuya selección la ley prevé, implicando su inscripción solamente la automática exclusión del tribunal examinador. Cuando integraba el Consejo de la Magistratura, la representante del Consejo de Abogados planteó la cuestión ética sosteniendo la imposibilidad de los consejeros a postularse a cualquier cargo cuya propuesta dependiera del Consejo. En esa oportunidad, expresé la opinión de Asociación de Magistrados, que me hicieron llegar por escrito, en sentido coincidente con la posición del Consejo de Abogados con la diferencia, que la Asociación postulaba que la duración de tal exclusión debía ser solo por el tiempo de duración del mandato, ya que, como es sabido, los magistrados son sorteados, de modo que no ocupan tal cargo por elección, por lo cual un término superior no sería justo. Cuestión la del sorteo que, me permito una digresión, debe examinarse ya que como viene sosteniendo la Asociación de Magistrados, el representante de los magistrados dentro del Consejo de la Magistratura debe responder a otro mecanismo de selección. Claro está que ello debería ser objeto de una enmienda constitucional.
 
3.- Usted fue votada por unanimidad para ocupar la vacante producida en el STJ, ¿cree que en esa decisión, más allá de sus antecedentes y el alto puntaje obtenido en la etapa de oposición, pesó también su pertenencia al interior?
Estoy persuadida que sin dudas ello fue así. En tal sentido el art. 1 de la ley que comento, prevé expresamente que al momento de la propuesta se tendrá en cuenta la conformación del STJ para posibilitar que el ingreso de nuevos integrantes refleje la diversidad de género (aspecto que en realidad se encontraba equilibrado en ese momento) y la procedencia regional y en ese punto, los restante miembros proceden de la capital. Aprovecho para reiterar lo dicho en otras entrevistas en cuanto a la decisión del Consejo; seguramente fue muy difícil, dado que los demás postulantes son profesionales sólidos, prestigiosos y de reconocida trayectoria. 
 
4.- ¿Cuál es su aspiración en cuanto a la imagen futura del Poder Judicial?
Ello se corresponde con lo que definí como la visión del Poder Judicial dentro de mi plan de Gobierno, caracterizada por esa imagen de futuro, por lo que queremos ser. En este aspecto, aspiro a que no solo seamos un poder fuertemente independiente sino que seamos percibidos así por los ciudadanos, desde que la independencia judicial no está dirigida a situar al juez en una posición de privilegio, como indica el Código Modelo de Ética Iberoamericano, sino que su razón de ser es la de garantizar a los ciudadanos el derecho de ser juzgados con parámetros jurídicos, como forma de evitar la arbitrariedad y de realizar los valores constitucionales. Por ello, el Poder Judicial necesita contar también con la confianza y la credibilidad de los justiciables, usuarios del servicio, en que esto es realmente así. Por ello, y desde esa conceptualización la visión es la de un poder independiente, accesible, confiable para los usuarios, innovador en la prestación del servicio, comprometido con la excelencia administrativa y con su capital humano (el más importante recurso con que contamos), que disponga de los medios suficientes para un apropiado funcionamiento y los administre de manera eficiente, que facilite el acceso a la información y mantenga una comunicación proactiva con la sociedad.  
Emilia Valle