Aportes chaqueños en proyectos de reforma penal en Salta - Infojus Nº 27

Mar 7 2014
Por: María Luisa Lucas
El 27 de julio fui invitada por la legislatura de la provincia de Salta para disertar sobre mediación penal, los alcances y perspectivas en un contexto de reformas en el sistema procesal penal de Salta. Allí, tuve oportunidad de transmitir con estadísticas la evolución de los métodos alternativos de resolución de conflicto en el sistema procesal chaqueño desde la probation admitida en 1994 en el Código Penal; el juicio abreviado; y la mediación en los distintos fueros y especialmente en lo penal. 
 
Asimismo, manifesté que la mediación penal se ha ido imponiendo lenta pero inexorablemente como la vía indicada para la solución de los conflictos evitando así la excesiva judicialización y permitiendo tanto la reparación de la víctima como la resocialización del infractor.
 
Por ello, si bien reconocemos la modificación del paradigma de justicia y la transformación del procedimiento que apunta a conseguir los fines antes propuestos, debe destacarse que se producen otros efectos como por ejemplo despojar a la prevención del delito de motivaciones políticas o de control social, para darle un empuje de contenido social que desaliente la venganza.
 
Asimismo la mediación evita la estigmatización del denunciado y le otorga a la víctima un rol más activo que el tradicionalmente asignado. Estos factores son los que me hacen concluir que el beneficio es para todos, porque el denunciante (presunta víctima) se siente protagonista de la solución, el denunciado (presunto victimario) evita la estigmatización social que implica un largo proceso penal y a su vez enfrenta personal y responsablemente y en forma inmediata el problema y también es parte de la solución; mientras que los abogados asumen un papel más activo y perciben honorarios con mayor rapidez. Además, con la ventaja de que el Estado consigue ahorrar recursos financieros con un alto porcentaje de efectividad, al tiempo que defiende el interés social pues el victimario se hace realmente responsable del problema y debe cumplir con el acuerdo.
 
Otro elemento que debemos considerar es que esta práctica no implica confesión por parte del acusado, sino que el objetivo que se persigue es alcanzar una “verdad consensuada”,   desde la percepción que las partes tienen del hecho motivador y sus consecuencias. En los mecanismos tradicionales la justicia apunta a la verdad “procesal” que asigna el peso de la “verdad” a la decisión del juez.
 
Al mismo tiempo, al avanzar en el consenso es posible brindar una solución al conflicto originario que, de otra forma, quedan muchas disputas, más allá de la conclusión a la cual se arribe. 
 
También es cierto que se yergue como elemento de disuasión porque el ofensor sabe que estará obligado a reparar el daño causado, sea de la forma que sea, lo que conlleva indiscutiblemente una disminución de la reincidencia o el crimen repetitivo. 
 
Lo observo, en cierto modo, como un progreso para instalar pacíficamente estos nuevos métodos que permitan, además de la actuación personal y recuperación de los involucrados, un salvataje social y del sistema judicial en la que todos debemos comprometernos para encauzar la paz y seguridad buscada.
 
Su aplicación permite también con las “Reglas de Tokio” aprobadas por Naciones Unidas en 1990, las cuales dejan en claro a los países miembros que el sistema penal constituye una opción de ultima ratio para la resolución de los conflictos, y que en todo momento se deben privilegiar las reacciones estatales que eviten el juicio y la posibilidad de la prisión. 
 
¿Limitada o incluyente?
Amplio es el debate en torno a cuál es el alcance de la mediación. Parte de la doctrina sostiene que debe ser empleada solamente para conflictos de menor envergadura y dejar el resto bajo el resguardo de las formas “ortodoxas”. Sin embargo mi posición, en base a la experiencia chaqueña, es que puede aplicarse a todos los fueros, incluso claro está en materia penal.
 
La experiencia en el Chaco favorece este concepto, que desde el año 1995, venimos desde el STJ, instruyendo en este proceso mediatorio, y desde la  ley 4989 de mediación penal dictada en el año 2001 y vigente a partir de marzo del 2003, antes de la puesta en marcha del sistema acusatorio ocurrido en el año 2004, mediante la ley 4538, publicada en 1999, con sus postergaciones, provocó que los jueces chaqueños, aplicaran con más frecuencia los otros métodos alternativos, como probation y juicio abreviado como consta en las estadísticas publicadas.
 
A través de la mediación penal se evita un importante volumen de trabajo, lo que hace que el tiempo se utilice en la investigación de delitos de mayor gravedad.  
Esta experiencia está demostrando que puede brindarse a la gente un mejor servicio de justicia, que no busca reemplazar el actual, sino desarrollar una herramienta que pueda dar solución a muchos de los problemas de la justicia penal.
 
Es ese el camino trazado por la justicia “restaurativa” que, a diferencia de la justicia “retributiva” apunta a evaluar el daño causado, determinar qué deberá ser reparado y quién y cómo lo reparará.
 
Probation “la antesala”
En este contexto el beneficio de la probation debe ser visto como la antesala de la mediación, puesto que es una herramienta muy rudimentaria que no contiene ni el espíritu ni la esencia de aquella, no considera a la víctima y representa un mero trámite para el infractor.
 
Su carácter de “paso previo” está dado según mi criterio por el hecho de que no corresponde que los jueces o el ministerio público intervengan en ese proceso; sino que el mismo debe quedar a cargo de los mediadores formados a ese fin, quienes poseen herramientas y técnicas apropiadas para colaborar a resolver los conflictos, desde afuera del proceso judicial, en forma más pacífica y sin el uso o la amenaza de la fuerza pública.
María Luisa Lucas