El tratamiento de los principios procesales, eje del Congreso Nacional - Infojus Nº 26

Mar 7 2014
Por: Ricardo Franco
Más de 1500 asistentes participaron del XXVI Congreso Nacional de Derecho Procesal, que se realizó en la ciudad de Santa Fe del  8 al 10 de junio, entre ellos un centenar de miembros del Poder Judicial del Chaco, docentes procesalistas, abogados y estudiantes de derecho de la UNNE. Contó también con la presencia de profesores de Brasil, Perú, Chile, Uruguay, Francia y Argentina. 
 
La temática principal del encuentro científico transitó por el tratamiento de los principios procesales, con abordaje y debate en las distintas comisiones previstas: procesal penal; procesal civil; familia, niñez y adolescencia; procesal laboral; procesal concursal y procesal constitucional.
 
De esta manera, entre las conclusiones de la comisión procesal penal se resolvió que deben respetarse los principios procesales penales y el proceso en general dentro del marco constitucional. Además, como tales tienen una dimensión político democrática ya que hacen a la esencia del proceso penal constituyéndose en sus ejes directrices. Por eso es importante la labor docente en la interpretación de la nueva legislación para acompañar los cambios. 
 
También se convino que es necesario marcar la jerarquía de los principios de la lógica para que el derecho tenga fundamentos científicos y no sea nada mas que una herramienta del poder, que los principios procesales se subordinen a los constitucionales para que los poderes judiciales les exijan a los otros poderes que adecuen las leyes para tener un proceso según la constitución. 
 
La revisión de los principios permitirá evitar un apego a la tradición encubridora del verdadero valor que se le deberá asegurar. En tal sentido manifestaron que convendrá atenerse a tres marcos de referencia: la formulación de los principios en forma precisa para que sirva de un regla de orientación para la práctica; tener en claro que cada principio tiene un núcleo duro de prescripción y otro ámbito de iluminación que serían los standards; y la contemplación de un doble universo de las normas de garantía y la política criminal.
 
Con relación al juicio por jurados en el seno de la comisión el debate giró en torno a dos posiciones: una de ellas pone énfasis en la participación ciudadana, los beneficios que trae para asegurar el principio de imparcialidad del juzgador y la manda constitucional según la cual se afirma que se trata de una garantía no negociable.
 
Por otro lado, se sostuvo no puede haber revisión conforme al caso “Casal” porque el jurado no tiene que dar razón de su veredicto, en violación del principio de fundamentación lógica y legal de las sentencias.
 
Respecto al principio de igualdad de armas se acordó que debería abordarse desde un enfoque jurídico y desde la gestión de recursos en el proceso, propugnando que toda reforma legislativa sea acompañada de los recursos para su puesta en práctica y de modo equitativo para las funciones acusar, defender y juzgar.
 
Asimismo, se hizo hincapié en la vigencia del principio de igualdad de armas en todas las etapas del proceso. En particular se propugna la plena vigencia del principio acusatorio y la oralidad no solo en la etapa del juicio propiamente dicho, sino también durante la investigación penal preparatoria y en el proceso de ejecución.  
 
Por último, se señaló la imprescindible vinculación entre el principio acusatorio, imparcial del juez y oralitas, siendo necesario para consolidarlos la creación de Juzgados de Ejecución que controlen el cumplimento de la condena con la necesidad de instancia fiscal, oralidad, defensa técnica obligatoria y control jurisdiccional de las sanciones disciplinarias. 
 
Derecho procesal civil 
En esta comisión se trabajaron en enfoques particulares, nuevos principios y derivaciones de los tradicionales.  De esta manera, se convino que los principios procesales son directrices, enunciados o postulados de inestimable valor en cuanto constituyen fuente de interpretación y aplicación de normas por los operadores jurídicos y sirven de base al legislador para establecerlas.
 
Al tiempo que se mantienen inalterables en su esencia, como generadores de un proceso justo, pero en su operatividad se produce un deslizamiento que altera su escala jerárquica y genera el nacimiento de nuevos principios o derivaciones con miradas optimizantes de los mismos.
 
Otra de las conclusiones estableció que la flexibilización del principio de congruencia es admisible como excepción cuando la ley lo permita, sin alterar el derecho de defensa de las partes, garantizando una tutela judicial efectiva.
 
Mientras que para la oralidad se torna imprescindible la incorporación legal con su infraestructura, de los adelantos tecnológicos (filmación de audiencias, video conferencias, hipervínculos, etc.) adecuándolos a las necesidades que la realidad de la sociedad exige.
 
En lo que hace a los procesos urgentes relativos a casos que requieran una solución inmediata, sugirieron la conveniencia de que los ordenamientos permitan a los jueces disponer un trámite particular rápido en los cuales se encuentre determinada la oportunidad para ejercer la defensa en juicio.
 
Derecho procesal constitucional
Esta comisión trató los principios del recurso extraordinario y acceso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Así, se concluyó que se asiste a un creciente proceso de constitucionalización y convencionalización del sistema jurídico. 
 
Los principios procesales necesariamente deben marchar asociados y ser consistentes con los principios constitucionales y los provenientes del derecho internacional de los derechos humanos.
 
Respecto a la operatividad del principio del máximo rendimiento está por el momento ceñida al ámbito penal, en función de la impronta del fallo “Casal”.
 
Hasta el presente, la CSJN continúa encapsulando exclusivamente en el ámbito penal (salvo excepciones previstas legalmente), la fuerza aplicativa del principio de doble instancia (consagrado en el Art. 8.2.‘h’ de la Convención Americana de Derechos Humanos), pese a algunos antecedentes (consultivos y contenciosos) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en algún punto podrían poner en entredicho la compatibilidad convencional de aquella interpretación.
 
Sobre el fundamento del principio precautorio, éste radica en la tutela judicial anticipada que se orienta a evitar el posible daño ambiental, activándose la protección ante la generación de un riesgo con efectos desconocidos y, consecuentemente, imprevisibles.
 
Finalmente, hicieron referencia a la Acordada N° 36/2009 de la Corte que facilitó el aterrizaje formal de la metodología del Análisis Económico del Derecho (AED) en el seno del Tribunal, introduciendo la ponderación económica en un contexto de razonabilidad. 
 
Ese análisis permite a la CSJN tener un conocimiento adecuado de la realidad jurídica subyacente, contar con una adecuada consistencia técnica en el uso de los conceptos económicos y evaluar técnicamente la idoneidad de una herramienta jurídica para la consecución de su fin, respetando el principio de proporcionalidad. 
Ricardo Franco